La región metropolitana del Gran Santo Domingo compuesta por nueve (9) ayuntamientos (DN, SDE, SDO, SDN, ALC, GUE, PB, BCh, BJ) continúa creciendo desde el punto de vista demográfico, concentrando un 35.36% del total nacional (3,339,410 Habs. – ONE 2010) y convirtiéndose en el principal emplazamiento del país. Este incremento de la población producido por la ausencia de oportunidades en el resto del territorio y consolidado por la concentración del poder político, económico y social, ha contribuido con la expansión espacial de los territorios contenedores de esta población ampliando cada vez más la superficie ocupada.
A pesar de esta situación, la ocupación del territorio metropolitano no es el resultado de un proceso inclusivo, ni permite a las distintas clases sociales ocupar los espacios disponibles en la ciudad; más bien en la actualidad se evidencia un proceso de exclusión urbana el cual brinda la posibilidad de residir en el centro a un pequeño segmento de la sociedad. La ocupación del centro metropolitano del Gran Santo Domingo es producto de una serie de elementos entre los cuales se destacan tres factores principales.
El primer factor es el libre mercado, expuesto por el filósofo Adam Smith en su Teoría de los sentimientos morales (1759) con la metáfora "la mano invisible" en alusión a la supuesta autorregulación del mercado, sin embargo esta mano invisible solo se ha convertido en una aliada de aquellos que tienen más. Si observamos la ciudad se advierte que el mercado es el que define el precio de los terrenos disponibles y este costo impacta directamente en todos los productos que utilizan la tierra como su materia prima (casas, apartamentos, locales comerciales, oficinas, etc.), situando en manos de los que tienen mucho la posibilidad de adquirir estos inmuebles y expulsando a los que no tienen hacia otros territorios.
La política impulsada por el Estado en materia de movilidad urbana es el segundo factor relevante dentro de este proceso de exclusión urbana; una política orientada en términos históricos al uso de los medios privados de transporte por encima de los colectivos, expresado a través de una gran inversión en infraestructuras viales (elevados, túneles y viaductos) y un deterioro del sistema estatal de transporte colectivo; la visión estatal refleja una orientación excluyente a través de la distribución física del espacio vial utilizado para vehículos o peatones, siendo estos últimos menos privilegiados en cuanto a la superficie destinada para suplir las necesidades mínimas de acera, espacio público o de áreas verdes, lo cual comprueba la vocación exclusiva de algunas zonas de la ciudad orientada al uso de transportes individuales.
Finalmente la ausencia de instrumentos municipales para la planificación y la gestión urbana ha debilitado los gobiernos locales al momento de puntualizar estrategias en la definición de ciudades con derecho a la igualdad; la incapacidad de los Ayuntamientos de gestionar el uso de la ciudad ha derivado en la imposibilidad de controlar una serie de instrumentos financieros municipales dejando en manos del capital y del gobierno central la construcción de la visión-ciudad de cada municipalidad. Estos factores han contribuido durante décadas en la construcción de un Santo Domingo excluyente, compuesto por mundos paralelos que se localizan en un centro cargado de poder y riqueza, rodeados de una periferia saturada de precariedades, compuesta por un sistema de marginalidad que se amontona en la miseria como una bomba de tiempo.
Es tarea del gobierno nacional acompañado por los gobiernos locales que integran esta región metropolitana, revertir esta situación que afecta la salud económica y social de la ciudad, construyendo un sistema de gobernabilidad orientado a la inclusión urbana de todos sus habitantes.
La política impulsada por el Estado en materia de movilidad urbana es el segundo factor relevante dentro de este proceso de exclusión urbana; una política orientada en términos históricos al uso de los medios privados de transporte por encima de los colectivos, expresado a través de una gran inversión en infraestructuras viales (elevados, túneles y viaductos) y un deterioro del sistema estatal de transporte colectivo; la visión estatal refleja una orientación excluyente a través de la distribución física del espacio vial utilizado para vehículos o peatones, siendo estos últimos menos privilegiados en cuanto a la superficie destinada para suplir las necesidades mínimas de acera, espacio público o de áreas verdes, lo cual comprueba la vocación exclusiva de algunas zonas de la ciudad orientada al uso de transportes individuales.
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